Los siete líos más frecuentes en la propiedad horizontal
En el último semestre de 2018 recibieron 120 quejas de sus agremiados. El mal uso del suelo y de la propiedad, entre los conflictos más comunes.
El nuevo concepto de barrio ha cambiado en Barranquilla. Las manzanas que conglomeraban 10 casas en una cuadra, hoy son sectores de hasta 5 edificios que agrupan más de 40 inmuebles cada uno.
Esta situación, en opinión de Silvia Padilla Zarate, presidente de la Lonja de Propiedad Horizontal, ha cambiado la forma de vivir de muchos, que tienen que adaptarse a convivir de manera pacífica en apartamentos de propiedad horizontal o en casas de conjuntos cerrados en donde se comparten zonas o espacios comunes. La dirigente gremial cree que muchos no estaban preparados para este cambio y por ello es “alarmante” el número de quejas por conflictos que se presentan en la propiedad horizontal.
En el último semestre del año pasado recibieron 120 quejas de sus afiliados y clientes, veinte más que las registradas en el mismo periodo de 2017.
De acuerdo con las estadísticas de la agremiación, las quejas más frecuentes son por: Fraude procesal, persecuciones y desplazamientos forzosos, violación de derechos fundamentales, el mal uso del suelo, daños en bien ajeno, matoneo y drogadicción y alcoholismo.
“Las quejas que hemos recibido nos llevan a hacer un llamado a las autoridades competentes, no solo para que agilicen los procesos, sino también para que investiguen”.
También hizo un llamado a la Fiscalía para que le dé la importancia a este tipo de situaciones que terminan en la comisión de “delitos penales, como el fraude procesal, constreñimiento ilegal. Vemos un índice de discriminación por la diversidad sexual”, afirma.
La Lonja cuenta con 650 edificios agremiados, incluyendo los de estratos de interés social (1 y 2). Padilla dice que tienen proyectos donde se ha incrementado el número de quejas porque se está incursionando en delitos penales como, por ejemplo, echar agua caliente por una ventana en donde le quemaron el brazo a un menor, así como el mal manejo de áreas comunes en donde se incita a riñas, se sacan armas corto-punzantes y se agreden físicamente.
Según Henry Cáceres, secretario de Control Urbano del Distrito, a la fecha hay 2.138 propiedades horizontales registradas, de las cuales 67 son comerciales y 2.071 residenciales.
Drogadicción y alcoholismo
Los problemas de drogadicción y alcoholismo también son motivo de conflicto en la propiedad horizontal.
En la Lonja está registrado el caso del propietario de un inmueble que arrendó su apartamento en el edificio Springfield
y la persona tiene problemas de adicción. “El señor alquiló y la persona es drogadicta, pero dice que como es hijo de un servidor público y no ha podido sacarlo del edificio, hay un problema de convivencia grave. La mamá del joven dice que no lo pueden sacar del edificio. Este joven hace escándalos y hasta se sube a la azotea, lo que es un problema para los residentes en esta edificación”, dijo Padilla.
Asegura que en otro conjunto residencial pequeño en el norte de la ciudad un grupo fuma marihuana, lo que afecta a los residentes que son adultos mayores. También se da el caso que llegan tomados y maltratan a los porteros. “Deben un año de administración, no pagan, piden domicilios a altas horas de la noche”.
Daño en bien ajeno y asesinato de mascotas
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Según la Lonja de Propiedad Horizontal, el daño en bien ajeno, el vandalismo y el asesinato de mascotas es una situación que se da cuando hay problemas de convivencia entre los vecinos. Un ejemplo es el caso de una médico, que reside en un edificio en el norte de la ciudad. Ella contó que un día cualquiera encontró el auto con un rayón en el capó y nadie respondía.
La propietaria relató que en compañía de su esposo se viene quejando de un asunto contra el administrador del edificio. “Presentamos una demanda y la respuesta fue el rayón del carro, y como nos quejamos y enviamos una carta también nos han caído con matoneo y nos tachan como personas que no sabemos vivir en propiedad horizontal, porque estamos supuestamente imputando de vándalos a los vecinos y nos preguntamos quién responde, cuando nadie vio, pero el daño se hizo dentro del garaje del edificio”.
Matoneos que causan afectación sicológica
Yaneth Barros lleva diez años luchando para que un retiro lateral (antejardín) que colinda con su apartamento sea convertido en jardín y no en área de juego.
“Esa zona da para mi dormitorio y cuando me mudé acá, hace treinta año, eso no era ni parque, ni menos cancha de fútbol”, cuenta Barros.
A raíz de la situación dice que lleva un desgaste emocional y la tratan como la “mala del edificio”. La situación se registra en el norte de la ciudad. En audiencia en una casa de justicia se acordó que se convertiría en jardín; sin embargo, esto no se ha cumplido.“Es una zona donde está prohibido jugar y no quieren hacer caso y se han aliado para hacerme matoneo. Dicen que soy una vieja amargada, que yo peleo con todo el mundo, que por qué no me mudo. Eso me tiene con la presión alta y problemas de salud. Me están matoneando”, dice Barros asegura que volvieron a revivir esos juegos por un vecino que tiene tres años de estar residiendo allí. Afirma que tienen hasta horario de juegos.
Violación de derechos fundamentales a niños
Por encontrarse sus padres morosos con la administración de un edificio en el norte de la ciudad, le fue negado el uso de la piscina a un menor de edad, desconociendo que el artículo 44 de la Constitución Nacional señala que “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación…la recreación…”. Padilla denuncia que en varios edificios, para presionar el pago de la expensa, niegan ciertas áreas comunes a los niños. “El propietario y el administrador se agredieron, convirtiéndose esto en un conflicto de convivencia”. Según la Lonja, la administradora tiene otros mecanismos para realizar el cobro, sin negarle el derecho a la recreación al menor. También está el caso de Héctor Sánchez, un diseñador que fue discriminado por sus vecinos por ser gay. “La Corte Constitucional se pronunció que hubo discriminación, pero a la fecha la Fiscalía no ha resuelto y los problemas de convivencia terminan afectando a la persona”.
Mal uso del suelo: ventas en area comun e iglesia en apartamentos
A pocos kilómetros de la Circunvalar está Ciudad Caribe, un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en el que se presentan “muchas dificultades” de convivencia y un gran número de personas no aplica el reglamento de propiedad horizontal. Lina Urrego, administradora del conjunto que tiene 32 torres, 1.280 inmuebles y 6 mil habitantes, dice que los residentes quieren hacer mal uso del suelo y algunos apartamentos netamente residenciales los usan comercialmente instalando tiendas y en las noches ubican sillas, mesas y estufas para vender comidas rápidas. “En una torre hasta funcionaba una iglesia evangélica, cuyo pastor fue amonestado por el consejo de administración, porque desde las 3:00 a.m. oraba con un parlante a alto volumen. También usa el pasillo de su piso (área común) para ubicar sillas y bafles para hacer sus predicas”, afirma Urrego.
En ese mismo conjunto, otro habitante usa el área común como granja, como si estuviera en una finca. En varios edificios se quejan porque hay almacenes de ropa en apartamentos. “El uso del suelo es residencial y el hecho que entren personas ajenas en tu edificio ocasiona un eje de inseguridad, porque los porteros o vigilantes solo velan por el ingreso y salida de las personas y no pueden velar por las áreas comunes”, explicó.
Fraudes procesales con embargos a propietarios
Los propietarios de un bien privado, sometido al régimen de propiedad horizontal, están obligados a contribuir con los gastos o expensas comunes, así no utilice el respectivo bien, así lo tenga desocupado o abandonado. En ese orden de ideas, es la administradora quien debe certificar lo que debe la propiedad. A la Lonja llegó el caso de una señora que fue embargada por una supuesta deuda. “La embargaron a ella y a su esposo en Navidad, no tenían ni para hacer mercado”, dijo Padilla al explicar que la administradora en este caso recibía los pagos y no hacia la conciliación bancaria y la demandó por $10 millones y de paso no la certificó, induciendo al juez a un error. “Embargan a los propietarios, perjudicándolos”. Esto puede ser porque al momento de certificar no tienen idea de cuánto debe la propiedad, porque no llevan control de la contabilidad y en otras ocasiones porque el interés es recaudar cartera y demandar rápido para ganarse los honorarios, porque hay administradores que de la cartera devengan dinero.
Persecuciones y desplazamiento forzoso
Llega un momento en que es tanta la violencia o la agresión, que para evitar un problema familiar, algunas personas optan por mudarse. Es el caso de dos familias propietarias de apartamentos ubicados en el sector de Miramar que les tocó trasladarse, porque eran miembros del consejo de administración y cuando empezaron a realizar el respectivo cobro jurídico a los morosos, estos respondieron de mala forma.
“Llevo tres años reclamando que pinten el edificio y en la asamblea de copropietarios exigiendo que las cosas se hicieran bien, a mi esposo Álvaro Torres le gritaron palabras soeces y posteriormente le dio un infarto”, dijo Vera de Torres, otra afectada por reclamar que el edificio donde reside sea pintado en su totalidad.
